derecho a la seguridad social

el blog de proyecto integrado de Cristian xavier santillan-Alex extremera

ACTUALIDAD

Hoy en dia se ejerce en la seguridad social española un convenio que se ejercio cn estados unidos el 30 de septiempbre de 1988.

Aqui os lo dejamos
Preámbulo
España y los Estados Unidos de América, animados del deseo de regular las

relaciones entre los dos países en el ámbito de la Seguridad Social han

acordado lo siguiente:

TÍTULO I. Disposiciones generales

Artículo 1.

1. Las expresiones y términos que se enumeran a continuación tienen en el

presente Convenio el siguiente significado:

1º “Estado contratante”. España o los Estados Unidos de América.

2º “Territorio”. Respecto a España el territorio nacional español; respecto a

los Estados Unidos de América, los Estados, el Distrito de Columbia, el Estado

libre de Puerto Rico, las islas Vírgenes, Guam y Samoa Americana.

3º “Nacional”. Respecto a España la persona definida como tal en el Título I

del Libro I del Código Civil español; respecto a los Estados Unidos de América,

el nacional de los Estados Unidos, como se define en la sección 101 del Acta de

Inmigración y Nacionalidad de 1952 y enmiendas posteriores.

4º “Legislación”. Las Leyes y demás disposiciones citadas en el artículo 2,

vigentes en los territorios de uno u otro Estado contratante.

5º “Autoridad competente”. Respecto de España, el Ministro de Trabajo y

Seguridad Social; en relación con los Estados Unidos de América, el Secretario

de Sanidad y Servicios Humanos.

6º “Institución”. Respecto a España, el organismo o autoridad responsable

de aplicar la legislación, especificada en el artículo 2, párrafo 1,A.

Respecto a los Estados Unidos de América, la Administración de Seguridad

Social.

7º “Organismo de enlace”. Para España, el organismo de coordinación de

las Entidades que deben intervenir en la aplicación de este Convenio; para los

Estados Unidos de América, la Administración de la Seguridad Social.

8º “Periodo de seguro”. Periodo de pago de cotizaciones o periodo de

retribuciones del trabajador por cuenta ajena o autónomo, definido o reconocido

como periodo de seguro por la legislación bajo la cual fueron cubiertos, o

cualquier otro periodo similar en tanto sea considerado por dicha legislación

como equivalente a periodo de seguro.

9º “Prestación”. Cualquier cantidad en dinero abonable por la aplicación de

la legislación especificada en el artículo 2.

2. Cualquier otra expresión o término utilizados en este Convenio y en la

legislación de un Estado contratante tienen, para ese Estado contratante, el

mismo significado que les atribuya la citada legislación.

Artículo 2.
1. El presente Convenio se aplicará:

A) En España:

1º A las disposiciones legales del Régimen General de la Seguridad Social

relativas a:

a) Invalidez provisional o permanente por enfermedad común o accidente no

laboral.

b) Vejez.

c) Muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral.

2º A las disposiciones legales sobre los Regímenes Especiales siguientes,

por lo que respecta a las contingencias a que se refiere el inciso A), número 1.

a) Agrario.

b) De trabajadores del mar.

c) De la minería del carbón.

d) De trabajadores ferroviarios.

e) De empleados de hogar.

f) De trabajadores autónomos.

g) De representantes de comercio.

h) De estudiantes.

i) De artistas.

j) De escritores de libros.

k) De toreros.

l) De los jugadores profesionales de fútbol.

B) En los Estados Unidos de América:

A la legislación sobre:

El Programa Federal de Seguros de Vejez, Supervivencia e Invalidez:

1º El Título II del Acta de Seguridad Social y disposiciones a él

pertenecientes, excepto las secciones 226, 226 A y 228 del citado título y las

disposiciones referidas a estas secciones.

2º El Capítulo 2 y el Capítulo 21 del Código Fiscal interno de 1954 y

disposiciones pertenecientes a esos capítulos.

2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las legislaciones que en el

futuro completen o modifiquen las legislaciones a que se refiere el número

precedente.

Artículo 3.
1. Mientras no se disponga otra cosa, el presente Convenio será de

aplicación a:

a) Las personas que están o han estado sujetas a la legislación de uno o de

ambos Estados contratantes.

b) Otras personas respecto a los derechos que éstas adquieran de las

citadas en el párrafo a).

2. La persona que está o ha estado sujeta a la legislación de un Estado

contratante y que reside en el territorio del otro Estado contratante tendrá, así

como los que de ella dependan, la misma consideración que los nacionales del

otro Estado contratante en cuanto a la aplicación de la legislación citada en el

artículo 2 del otro Estado contratante, en cuanto al reconocimiento del derecho y

pago de las prestaciones.

3. Salvo que el presente Convenio disponga lo contrario, cualquier norma de

la legislación de un Estado contratante que limite derechos o abonos de

cantidades económicas exclusivamente en razón a que la persona reside en el

extranjero o está ausente del territorio de ese Estado contratante, no se aplicará

a las personas que residan en el territorio del otro Estado contratante.

TÍTULO II.Disposiciones sobre legislación aplicable

Artículo 4.

1. Salvo que en este título se disponga otra cosa el trabajador por cuenta

ajena empleado en el territorio de uno de los Estados contratantes estará

sometido únicamente y respecto a ese trabajo, a la legislación de ese Estado

contratante.

2. El trabajador por cuenta propia o autónomo que, respecto a su trabajo,

pudiera estar asegurado por la legislación de ambos Estados contratantes, sólo

estará sometido a la legislación del Estado contratante en cuyo territorio reside.

Artículo 5.
1. Si una persona, asegurada por la legislación de uno de los Estados

contratantes respecto al trabajo desarrollado al servicio de una empresa en el

territorio de ese Estado, es enviada por dicha empresa a trabajar en el territorio

del otro Estado contratante, sólo le será de aplicación la legislación del primer

Estado contratante, como si estuviese trabajando en su territorio, siempre que el

trabajo a realizar en el otro Estado no se espere que dure más de cinco años. Si

dicho trabajo se hubiera de prolongar más de los citados cinco años por

circunstancias imprevisibles, se continuará aplicando la legislación del primer

Estado contratante por un nuevo periodo de un año máximo, si la Autoridad

competente del otro Estado contratante ha dado su conformidad. Esta prórroga

deberá ser solicitada antes de que termine el periodo inicial de cinco años.

2. El personal itinerante de empresas de transporte aéreo que realiza su

trabajo en el territorio de ambos Estados contratantes, pudiendo estar asegurado

en los dos Estados con respecto a dicho trabajo, estará sujeto solamente a la

legislación del Estado contratante en cuyo territorio se encuentra la sede social

de la empresa. Sin embargo, si tales trabajadores residen en el territorio del otro

Estado contratante, se les aplicará solamente la legislación de ese otro Estado.

3. La persona empleada como oficial o miembro de tripulación de un buque

con bandera de uno de los Estados contratantes sólo estará sometida, en el

supuesto de que pudiera estarlo a ambas legislaciones, al Sistema de Seguridad

Social del Estado contratante, cuya bandera enarbole el buque. Un buque con

bandera de los Estados Unidos es aquel que está definido como buque

americano por la legislación de los Estados Unidos.

Artículo 6.
1. Este Convenio no afectará las disposiciones del Convenio de Viena sobre

Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, ni a las del Convenio de Viena

sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963.

2. Los nacionales de uno de los Estados contratantes empleados por el

Gobierno de ese Estado en el territorio del otro Estado contratante que no estén

exentos de la legislación de este último en virtud de los Convenios mencionados

en el párrafo 1 estarán sometidos solamente a la legislación del primer Estado. A

los efectos de este párrafo el empleo por el Gobierno de los Estados Unidos de

América comprende el empleo por cualquier otra Entidad al servicio del mismo.

Artículo 7.
Las Autoridades competentes de los dos Estados contratantes pueden

disponer, de mutuo acuerdo, excepciones a las normas recogidas en los

artículos 4, 5 y 6 en relación a determinadas personas o categorías de personas.

Artículo 8.
Para la admisión al seguro voluntario o facultativo conforme a la legislación

española, los períodos de seguro cumplidos por una persona en virtud de la

legislación de los Estados Unidos serán tomados en consideración como

períodos de seguro cumplidos en virtud de la legislación española, si dicha

persona cumple los demás requisitos establecidos en la misma.

TÍTULO III. Disposiciones especiales sobre prestaciones

CAPÍTULO 1. Aplicación de la legislación española

Artículo 9

Cuando un trabajador haya estado sometido a las legislaciones de ambos

Estados contratantes, las prestaciones se concederán en las condiciones

siguientes:

1. Si el interesado satisface las condiciones requeridas por la legislación

española para tener derecho a las prestaciones, la Institución española

determinará el importe de la prestación teniendo en cuenta solamente los

períodos de seguro cumplidos bajo su legislación.

2. En caso de que el interesado no satisfaga el periodo de seguro requerido

por la legislación española, las prestaciones a las que se pueda pretender serán

liquidadas según las reglas siguientes:

a) Los períodos de seguro cumplidos en virtud de cada una de las

legislaciones de los dos Estados contratantes, así como los periodos

reconocidos como equivalentes, serán totalizados a condición de que no se

superpongan, tanto para la determinación del derecho a las prestaciones como a

efectos del mantenimiento o del reconocimiento de este derecho.

b) Teniendo en cuenta la totalización de periodos efectuada como se

menciona anteriormente, la Institución española determinará, según su propia

legislación, si el interesado reúne las condiciones requeridas para tener derecho

a la prestación de que se trate.

c) Si el derecho a prestación es adquirido, se determinará su cuantía como

si todos los periodos de seguro, totalizados según las reglas establecidas en la

letra a) hubieran sido cumplidos exclusivamente bajo su propia legislación

(pensión teórica). Cuando la cuantía de la pensión teórica así hallada sea inferior

a la de la pensión mínima establecida en cada momento por la legislación

española, dicho mínimo será tomado como pensión teórica.

d) La prestación efectivamente debida al interesado se determinará

reduciendo el importe de la cuantía citada en la letra c) a prorrata de la duración

de los periodos de seguro cumplidos bajo la legislación española, con relación al

conjunto de periodos totalizados según lo dispuesto en la letra a) (pensión

prorrata).

3. La totalización de periodos de seguro prevista en el presente artículo se

realizará teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Un trimestre de seguro según la legislación de los Estados Unidos

corresponde a noventa y un días de cotización según la legislación española.

b) Los periodos de seguro que resulten de la conversión anterior no serán

totalizados por la legislación española en la medida en que se superpongan con

periodos de seguro cumplidos según la legislación española.

Artículo 10.
1. A efectos de la aplicación, cuando proceda, del principio de totalización,

cuando la duración total de los periodos de seguro cubiertos bajo la legislación

española sea inferior a un año, y si, teniendo en cuenta exclusivamente dichos

periodos, no nace ningún derecho a las prestaciones en virtud de tal legislación,

la Institución española no concederá prestaciones por los mencionados

periodos.

2. La disposición del número 1 no será, sin embargo, aplicable cuando por

efectos de la totalización de periodos de seguro inferiores a un año en ambos

Estados contratantes pueda adquirirse un derecho a prestación en base a la

legislación española.

3. Cuando no sea posible precisar la época en que determinados periodos

de seguro hayan sido cumplidos bajo la legislación de uno de los Estados

contratantes, se presumirá que dichos periodos no se superponen con periodos

de seguro cumplidos bajo la legislación del otro Estado.

Artículo 11.
1. Si la legislación española subordina el reconocimiento del derecho o la

concesión de ciertos beneficios a la condición de que los periodos de seguro

hayan sido cumplidos en una profesión sometida a un régimen especial o,

llegado el caso, en una profesión o un empleo determinado, los periodos

cumplidos bajo la legislación del otro Estado contratante no serán tomados en

cuenta para la concesión de dichos beneficios a no ser que hayan sido

realizados bajo un régimen correspondiente o, en su defecto, en la misma

profesión o, llegado el caso, en el mismo empleo.

2. Si, teniendo en cuenta los periodos así cumplidos, el interesado no

satisfaciera las condiciones requeridas para la obtención de los citados

beneficios, estos periodos serán tomados en cuenta para la concesión de

prestaciones de régimen general.

Artículo 12.
1. Las prestaciones reconocidas por aplicación de las normas del presente

capítulo se revalorizarán con la misma periodicidad e idéntica cuantía que las

previstas en la legislación interna española.

2. Las pensiones prorrateadas a que se refiere el artículo 9, número 2, letra

d) serán actualizadas reduciendo el importe de la revalorización mediante la

aplicación de la misma regla de proporcionalidad citada en dicho artículo.

Artículo 13.
Para determinar en que medida ha disminuido la capacidad de trabajo del

asegurado, la Institución española tendrá en cuenta los informes médicos y los

datos administrativos que la Institución del otro Estado contratante le remita. No

obstante, la citada Institución tendrá derecho a someter al asegurado a

reconocimiento por un médico de su elección.

Artículo 14.
1. Para obtener una prestación en los casos previstos en el artículo 9,

párrafo 2, se considerará cubierto el requisito de situación asimilada al alta,

exigido por las disposiciones legales españolas, si la persona en cuestión

estuviera sometida al Sistema de Seguridad Social estadounidense o percibiera

una prestación prevista en la legislación de los Estados Unidos.

2. A los efectos del párrafo 1 se considerará que una persona está sometida

a la legislación de los Estados Unidos si puede hacer valer su derecho a

prestaciones según dicha legislación, o acredita bajo la misma por lo menos un

trimestre durante los doce trimestres naturales inmediatamente anteriores al

último día del trimestre en que se produzca el hecho causante según la

legislación española.

Artículo 15.
1. Para determinar el cálculo de la base reguladora de prestaciones la

Institución española aplicará su propia legislación.

2. Cuando todo o parte del periodo de cotización elegido por el solicitante

para el cálculo de su base reguladora de prestaciones se hubiera cumplido

según la legislación de los Estados Unidos de América, la Institución española

determinará dicha base reguladora sobre las bases mínimas de cotización

vigentes en España, durante dicho periodo o fracción, para los trabajadores de la

misma categoría o calificación profesional que haya ostentado en España la

persona interesada.

Artículo 16.
El auxilio por defunción previsto en la legislación española será reconocido
por aplicación exclusiva de dicha legislación y conforme a los requisitos y
condiciones exigidos en la misma.


AQUI LE DEJAMOS UN VIDEO DE CELESTINO CORBACHO VALORANDO LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD

Cristian Santillan

SEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD

La Seguridad Social viene garantizada, en España, por el artículo 41 de la Constitución Española de 1978 que dice que “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

Como norma de desarrollo más importante, la Seguridad social en España está regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad social (BOE del 29). Esta norma ha sido modificada en numerosas ocasiones.

La finalidad de la Seguridad social es el garantizar a las personas comprendidas en su campo de aplicación (por realizar una actividad profesional o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contigencias y en las situaciones que contempla la ley.

El campo de aplicación, a efectos de la modalidad contributiva, los españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional:

  • Trabajadores por cuenta ajena.
  • Socios trabajadores de las cooperativas de Trabajo Asociado.
  • Estudiantes.
  • Funcionarios.

ICristian Santillan.

ULTIMAS ACTUALIZACIONES DEL TEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Martes, Enero 12, 2010

[Derecho Laboral] ¿En qué momento se empieza aplicar el nuevo salario mínimo en la seguridad social?

En los trabajadores dependientes que perciban salario mínimo, desde enero aplica el aumento obligatorio a de sus salarios, pero en seguridad social, sólo se reporta en los pagos hechos en el mes de febrero.

Martes, Enero 5, 2010

[Derecho Laboral] En el 2010 porcentajes de Seguridad Social y Parafiscales siguen igual

Una pregunta muy común a raíz del nuevo cambio de salario mínimo legal mensual legal vigente es si también hay cambios en el 2010 en los porcentajes que se pagan por Seguridad Social y Parafiscales.

Martes, Noviembre 17, 2009

[Derecho Laboral] Requisitos obligatorios para poderse trasladar de EPS

Afiliarse a una EPS es muy fácil, pero cuando nos vamos a trasladar siempre nos ponen “mil” inconvenientes. Conozca los requisitos que se deben cumplir para trasladarse de EPS y las herramientas jurídicas para hacerlo.

Martes, Septiembre 22, 2009

[Derecho Laboral] Las horas extras, dominicales y comisiones, se deben sumar para cotizar a Seguridad Social

Si en algo pecan algunos empleadores, es en creer que los aportes a seguridad social se hacen sólo con base al salario básico y no suman otros factores salariales, error que puede conducir a cuantiosas demandas.

Convenio multilateral iberoamericano de Seguridad Social

este convenio se realiza para conseguir proteger a todos los cuidadanos de la comunidad iberoamericana, con una digna seguridad social.

Para amenizar este proyecto;

espero que sea de tu agrado fernando,, proyecto realizado por Cristian xavier santillan y Alejandro extremera

//

Reforma Sanitaria en USA

Para quienes vivimos en un país donde el Sistema Nacional de Salud ofrece asistencia universal pública, resulta difícil de comprender que existan otros modelos sanitarios en los que la atención médica elemental no está garantizada.

En los Estados Unidos de América, no existe el derecho a la Sanidad Universal y por lo tanto cada ciudadano debe contratar un seguro con una empresa privada o bien buscar un empleo que incluya un seguro de asistencia sanitaria para sus empleados.

Sin embargo, en muchas ocasiones estos seguros se escudan bajo crípticas e inmorales cláusulas legales para evitar el pago de procedimientos costosos o crónicos. Hillary Clinton intentó cuando era Primera Dama en la Casa Blanca impulsar un Sistema Nacional Sanitario de cobertura universal, pero al grito de ¡vienen los comunistas!, los republicanos (y los lobbies farmacéuticos y aseguradores) consiguieron paralizar un plan quizás poco maduro y precipitado.

Ahora las tornas han cambiado, con un presidente que ha fundamentado su campaña electoral en el cambio y ha prometido hasta la saciedad la cobertura universal, parece que ha llegado el momento para que los 45 millones de estadounidenses que todavía no tienen un seguro sanitario levanten sus doloridos cuerpos y acudan al médico sin miedo a ser estafados.

El Congreso aprueba la reforma sanitaria de EEUU

La cámara baja ha respaldado el proyecto de Barack Obama, que puede convertirse en el primer presidente en la historia en acercar al país hacia la medicina universal. La cámara baja ha dado el visto bueno a la reforma sanitaria, con 219 fotos a favor y 212 en contra. Los votos a favor están ligeramente por encima de los 216 que se necesitaban, sobre un total de 431. Un total de 34 congresistas demócratas se han opuesto, al igual que todos los republicanos (178).

// <![CDATA[//

Según Obama, la aprobación de la reforma “responde a los sueños de muchos”. «Estamos ante un nuevo día para América», afirmó Marcy Kaptur, congresista demócrata, resumiendo así el sentir de los miembros de su partido. Por el contrario, Mike Pence, republicano, señaló que «no estamos haciendo historia. Estamos rompiéndola, con la toma de la sanidad por parte del Gobierno».

La iniciativa personal de Obama pretende ampliar la cobertura médica en EEUU, país donde no existe sanidad pública universal y gratuita salvo para los mayores de 65 años o las personas sin recursos económicos. Los ciudadanos tienen que contratar su propio seguro con el sector privado, individual o colectivo (pagado por sus empresas) o estar sin cobertura, coyuntura en la que se encuentran 47 millones de personas.

Tras la aprobación, Obama aseguró que la reforma sanitaria “responde a los sueños de muchos”.
Según el presidente, el sí de la cámara baja es “el voto correcto”, aunque la votación no fuera fácil para muchos de los congresistas. “Nos elevamos por encima de la política… y demostramos que somos capaces de hacer grandes cosas”, añadió.

Obama, para el que el voto de ayer representa un enorme triunfo tras un año de negociaciones, se felicitó porque el Congreso había “respondido a la llamada de la Historia”. “No rehuimos nuestras responsabilidades, las abrazamos. No nos acobardamos ante el futuro, le hemos dado forma”, declaró en su comparecencia ante los medios.

El plan del presidente pretende obligar a todos los ciudadanos a tener un seguro, dando ayudas a los que no pueden contratar las pólizas o forzando al sector privado a rebajar los costes de las pólizas. Con esta medida, más descafeinada de lo anunciado en la campaña electoral, sólo 32 de los 47 millones de las personas sin cobertura podrán acceder ahora a la sanidad. La reforma es menos ambiciosa de lo previsto porque sólo así Obama ha podido lograr los apoyos necesarios para su aprobación parlamentaria.

El proyecto de ley, que costará 940.000 millones de dólares (694.726 millones de euros) en diez años y que se financiará principalmente con más impuestos, salió adelante después de que la Casa Blanca lograra el apoyo de varios congresistas demócratas indecisos, representantes de las corrientes más conservadoras del partido, al publicar una orden presidencial que garantiza que no se utilizarán fondos del Gobierno federal para financiar la práctica del aborto. El texto todavía debe ser refrendado en el Senado antes de su firma por Obama.

Los republicanos tienen intención de utilizar toda la artillería parlamentaria para detenerla, incluido intentar fomentar la división entre las filas demócratas. «Tenemos que elegir entre la libertad del individuo para elegir su propia sanidad o entre la tiranía del Gobierno», ha señalado Ted Poe, congresista republicano.

La reforma supone la mayor intervención del Gobierno en la sanidad de EEUU, desde que en 1965 se creara Medicare, el programa público que presta servicios médicos a los mayores de 65 años utilizando infraestructuras del sector privado.

La opinión pública está dividida sobre la iniciativa y ayer varios grupos se manifestaron ante las puertas del Capitolio con pancartas que rezaban «Kill the bill» (asesina el proyecto de ley).

Durante la sesión parlamentaria, los republicanos criticaron el modelo de sanidad universal y gratuita que está en vigor en la mayoría de países europeos. «El modelo de bienestar europeo se ha demostrado insostenible. América no es así y tampoco quiere llegar a serlo», indicó Paul Ryan, congresista del partido conservador.
.
REFORMA LABORAL 2010;
La reforma laboral incidirá en la salud de los trabajadores
Agosto 2010.-La Secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Canarias, Carmen Marrero, ha advertido de que la implantación de la reforma laboral en España provocará que las condiciones de trabajo de los trabajadores “empeoren considerablemente” y convertirá la prevención de riesgos laborales en “un manto de silencio, miedo y resignación”.

En una nota de prensa, Carmen Marrero ha insistido en que la aplicación de esta reforma laboral “no es favorable para la salud laboral de los trabajadores, puesto que limita fuertemente las condiciones de trabajo y los principios que conlleva la representación y la negociación colectiva”.

“La reforma laboral potenciará a la patronal y posibilita el miedo a la pérdida de los puesto de trabajo hacia los trabajadores, ejerciendo una presión sobre ellos para que trabajen en condiciones más desfavorables”, agrega.

Desde el punto vista psicosocial, la responsable sindical alerta de que esta reforma laboral provocará cambios en la organización del trabajo y esto se traducirá en el aumento de problemas de salud sobre los trabajadores a corto plazo a través de la aparición del estrés, ansiedad, depresión, apatía, agobio, problemas gastrointestinales, problemas de sueño, abuso del consumo de alcohol, tabaco y fármacos.

“Por desgracia, como siempre son los trabajadores los que sufren las consecuencias de la ineptitud de otros y serán los trabajadores los que se verán abocados a soportar unas malísimas condiciones de trabajo que los convertirán en esclavos del mercado laboral en pleno siglo XXI”, recalca. Con este nuevo panorama laboral, señala Marrero, el trabajador “se verá sometido a trabajar rápido o de forma irregular, a no poder adaptar el horario a las necesidades familiares, a no poder decidir cuando puede hacer un descanso, a trabajar aislado sin el apoyo de los superiores o compañeros, con tareas mal definidas o sin la información adecuada o/a destiempo, inseguridad contractual, cambios de puesto

1) Contratación temporal

En el ámbito de la contratación temporal se introducen dos novedades. La primera consiste en el establecimiento en el Estatuto de los Trabajadores de una limitación temporal a los contratos de obra, que impide la perpetuación de los mismos. Hasta ahora, en los supuestos de contratos “hasta fin de obra” no era poco común encontrarnos con contratos cuya vigencia, salvo limitación en el convenio o en el contrato, se prolongaba de forma indefinida.

En la mayoría de las ocasiones, dichos contratos por obra o servicio “perpetuados” escondían en realidad contrataciones indefinidas, y como tal eran reconocidas normalmente por la Jurisdicción Social si el trabajador reclamaba. La reforma lo que hace es limitar la duración del contrato por obra o servicio determinado a tres años, que pueden ampliarse hasta doce meses más si así se recoge en la negociación colectiva.

Esta medida será de aplicación solamente a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor de la reforma.

La segunda de las cuestiones viene referida a las indemnizaciones que se han de pagar ante la finalización de los contratos por obra o servicio determinado. Hasta ahora la indemnización era de 8 días por año trabajado, pasando tras la reforma a establecerse en 12 días por año trabajado. Eso sí, se establece un régimen transitorio, que determina que el incremento en la indemnización se irá aplicando a los nuevos contratos que se celebren, de forma paulatina.

Así, los celebrados hasta el 31 de Diciembre de 2011, seguirán teniendo prevista una indemnización de ocho días por año de servicio; los que se celebren durante 2012, tendrán una indemnización de nueve días por año de servicio; los que se celebren durante 2013, una indemnización de diez días por año: los celebrados en 2014 once días por año; y los que se firmen en 2015, doce días por año. Régimen transitorio que se justifica por el gobierno en el daño que podría causar a la contratación la aplicación inmediata del aumento de la indemnización.

2) Extinción Individual o Colectiva del Trabajo por Causas Objetivas

La reforma introduce una serie de modificaciones en lo referente a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, tanto en los casos en los que la misma se produce de forma individual como cuando tiene carácter colectivo.

La primera cuestión viene referida a un vano intento de concreción y de apertura de las causas, dando unas someras definiciones de las causas y señalando que se habrá que justificar que de las mismas se deduzca “mínimamente la razonabilidad de la medida extintiva”.

La realidad es que la pretensión de concreción no llega a materializarse, quedando de nuevo a la interpretación judicial, como venía siendo habitual. Es cierto que se definen mejor los conceptos de causa económica, técnica, organizativa o de producción, pero no lo suficiente, dejando todo a la interpretación judicial. Se echa de menos una mayor concreción, especialmente, en el caso de las causas económicas, en las que ello habría sido relativamente fácil, y habría dado una mayor seguridad a empresarios y trabajadores a la hora de actuar.

Hay otras dos cuestiones nuevas, que en este caso sí están dotadas de trascendencia práctica. La primera viene referida al plazo de preaviso, que el Estatuto de los Trabajadores mantenía en treinta días y que queda reducido a quince días. La segunda es una cuestión técnica pero de indudable trascendencia práctica, y se refiere a la supresión de la nulidad por motivos formales, evitándose así que se produzcan situaciones absurdas de readmisiones obligatorias por incumplimientos de formalidades como la comunicación escrita de la causa, el pago en el momento de entrega de la carta de la indemnización, o la no concesión del preaviso (o en su caso de reconocimiento del derecho a cobrar los días equivalentes) que nada tienen que ver con los móviles vulneradores de derechos fundamentales, que son los que con carácter general provocan nulidad en la actuación y por tanto dan lugar a la readmisión. A partir de ahora, según los casos, podrán generar improcedencia (falta de carta motivada o de pago en el acto de la indemnización), pero no nulidad.

Queda otra cuestión, introducida igualmente por la reforma, y es la asunción por parte del Fondo de Garantía Salarial de la cantidad de ocho días por año en los supuestos de extinción por causas objetivas. Cantidad que dicho organismo asumirá en tanto se desarrolle el Fondo de Capitalización previsto en la Ley

3) Indemnizaciones por despido y contrato de fomento de la contratación indefinida.

No se ha producido de forma directa, con la reforma laboral, una modificación de las indemnizaciones previstas para los distintos tipos de extinción de contratos indefinidos. Se sigue manteniendo la indemnización de 45 días por año, con el límite de 42 mensualidades como caso general para los supuestos de improcedencia; la de 20 días por año con el límite de 12 mensualidades para los supuestos de despidos individuales o colectivos (ERE) por causas objetivas; y la de 33 días por año con el límite de 24 mensualidades para los supuestos de extinciones por causas objetivas, consideradas improcedentes, en los casos de contratos para el fomento de la contratación indefinida. No se produce ni un descenso de las indemnizaciones por año de servicio, ni tampoco de los topes, manteniéndose intacto el de 42 mensualidades, para los despidos improcedentes que tengan 45 días por año de indemnización.

La novedad principal en esta materia y en la reforma en su conjunto, reside en que se ha producido una ampliación de los supuestos en los que será posible realizar el contrato para el fomento de la contratación indefinida. Así, se mantienen los colectivos anteriormente susceptibles de ser incluidos, como mayores de cuarenta y cinco años, personas hasta treinta años de edad, discapacitados, mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de empleo femenino. Y junto a ello, se amplían los colectivos por tres frentes: parados inscritos en la oficina de empleo como demandantes de empleo durante al menos tres meses, reduciéndose los seis meses que anteriormente se contemplaban; parados que en los dos últimos años sólo hayan tenido contratos temporales; y parados a los que en los dos últimos años “se les hubiera extinguido un contrato de carácter indefinido en una empresa diferente” (dicción un tanto confusa pero que entendemos que hace referencia a despidos por cualquier causa).

Junto a ello se ha establecido un periodo “transitorio” en el que también se podrá acceder a este tipo de contratos para supuestos de conversión de contratos temporales en contratos indefinidos. Así, para los contratos temporales suscritos antes del 18 de junio de 2010, fecha de entrada en vigor de la reforma, la transformación en indefinido habrá de realizarse antes del 31 de Diciembre de 2010. Y para los contratos temporales suscritos desde el 18 de Junio de 2010, la transformación podrá producirse hasta el 31 de Diciembre de 2011, pero sólo cuando el contrato temporal haya sido de una duración máxima de seis meses, límite que no se aplica a los contratos formativos.

Finalmente, se amplía la limitación por razón de la empresa, para poder concertar el contrato. Anteriormente se establecía prohibición de suscribirlo a las empresas que en los seis meses anteriores a la celebración del contrato hubieran hecho despidos objetivos declarados improcedentes. Tras la reforma, y es un dato importante, se amplía estableciendo la prohibición cualquiera que haya sido el despido practicado, si ha sido declarado o reconocido improcedente, así como en los casos en los que se hayan realizado despidos colectivos. En todo caso, antes igual que ahora, la prohibición sólo se da para puestos de igual categoría o grupo que los extinguidos y en los mismos centros de trabajo y no serán aplicables a los despidos colectivos cuando en el seno del correspondiente ERE, haya habido acuerdo con los representantes de los trabajadores, para la realización de este tipo de contratos en el futuro. En todo caso, la limitación para contratar no se producirá cuando las extinciones de contratos referidas hayan sido anteriores al 18 de Junio de 2010.

La realidad es que se da una ampliación de trabajadores susceptibles de ser objeto del contrato, que a priori puede parecer una importante generalización del mismo, pero la concurrencia de la limitación para aquellas empresas que hayan despedido improcedentemente o hayan hecho un despido colectivo en los últimos seis meses, supone de hecho un obstáculo que puede frustrar que la reforma llegue a surtir sus efectos en este aspecto, que es probablemente el más importante.

4) Medidas para favorecer la flexibilidad interna.

La reforma contiene una serie de pretendidas medidas de flexibilización de las relaciones internas dentro de la empresa, si bien a la hora de la verdad, las mismas son mucho menos intensas de lo que se había venido planteando.

Por un lado, se pretende facilitar en ciertos casos la posibilidad de no aplicarse el régimen salarial del convenio colectivo sectorial en empresas en crisis. Anteriormente, dicha posibilidad tenía que venir prevista en el convenio, y si no era así, era necesario el acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa.

La regulación actual varía en el sentido de que aunque prefiere el acuerdo, establece que en los casos de discrepancias habrá de solventarse la cuestión en los procedimientos de mediación establecidos al respecto por convenio colectivo o por acuerdo interprofesional.

Aparentemente, frente al sistema anterior, viene a pretender que los representantes de los trabajadores no puedan de por sí cerrar la posibilidad de aplicación de medidas de este tipo, pero no deja claro lo que ocurrirá en los casos en los que no se recojan dichos procedimientos de mediación en los convenios o en los que la mediación no contemple un arbitraje vinculante. Es por ello que a la hora de la verdad, la reforma puede quedar en nada más que en una simple concreción de los términos a los que habrán de acogerse los acuerdos de inaplicación de las condiciones laborales, no flexibilizando en nada.

En referencia a la modificación de las condiciones de trabajo (horarios, términos, etc…), más de lo mismo. La reforma contiene una serie de previsiones, que a la hora de la verdad suponen, tan sólo, modificaciones del procedimiento, pero no una verdadera flexibilización. Al igual que en el caso de la inaplicación del salario, se establece la necesidad de acudir a los procedimientos de mediación que se recojan para este supuesto en el convenio colectivo o en el acuerdo interprofesional, pero no da soluciones para los casos en los que el convenio o acuerdo interprofesional no contenga un procedimiento de mediación al efecto, o el mismo no prevea un arbitraje vinculante.

Es así, que en realidad, fuera de intentar con dudoso éxito facilitar los procedimientos, acaba dejando la posibilidad de alterar lo contenido en el convenio, a las previsiones que se contengan en el propio convenio, por lo que la flexibilización es mínima. Y respecto a la movilidad geográfica, se queda igualmente en un intento bastante tímido de flexibilizar el procedimiento.

Caso aparte, es el de los expedientes de regulación encaminados a la reducción de jornada. Los mismos, si bien eran una figura admitida, no venían recogidos de forma apropiada en la normativa, solucionándose dicha situación. Y por otro lado, se incrementan las ventajas desde el punto de vista de la administración, ampliando la bonificación a las cuotas de seguridad social en determinados casos en que la empresa adopte medidas para reducir el impacto de la reducción de jornada sobre los trabajadores y aumentando los días de desempleo que se recuperarán por el trabajador en caso de que todo acabe en despido.

En definitiva, los únicos cambios sustanciales en referencia a la regulación de las relaciones internas en empresas en crisis son las medidas para apoyar la realización de expedientes de reducción de jornada, que puedan evitar la realización de despidos, siendo el resto de medidas un tanto difusas y de difícil transcendencia práctica.

5) Otras medidas

Además de las medidas comentadas existen otras medidas, que con independencia de su importancia, no entran dentro de las grandes cuestiones sobre la generación de empleo y la no destrucción del mismo, sino que vienen orientadas al acceso al empleo de determinados segmentos de la población.

Así, en materia de bonificaciones para la contratación indefinida, se endurecen los criterios, exigiendo por ejemplo que los mayores de 45 años lleven inscritos doce meses al menos como desempleados. Lo mismo para los jóvenes, para los que se limitan las bonificaciones en la contratación de jóvenes con problemas de accesibilidad al mercado de trabajo, bien por venir de un desempleo prolongado, o por carecer de formación.

Se mantienen bonificaciones para algunos supuestos concretos de transformaciones y para determinados colectivos como minusválidos, víctimas de violencia de género, etc… Y en términos generales, se dan unas bonificaciones superiores cuando la persona contratada sea una mujer.

Igualmente, en la misma línea, se potencian los contratos para la formación, para facilitar el acceso del trabajo a los jóvenes, tanto por vía de bonificaciones, como de mejora de las condiciones de los mismos.

Junto a estas medidas, se adoptan igualmente una serie de medidas en lo referente a intermediación en la colocación y a las empresas de trabajo temporal, regulándose la figura de las agencias de colocación con ánimo de lucro, que actuarán junto al servicio público de empleo.

Y respecto de las empresas de trabajo temporal, se establecen determinadas medidas de cara a la revisión de las restricciones que hoy en día tienen para operar en determinados sectores por razón de seguridad y salud en el trabajo, remitiéndose a la negociación colectiva para buscar una revisión que entre a valorar los puestos en referencia a los que existan limitaciones. Así como determinadas medidas orientadas a la igualdad con los trabajadores de la empresa usuaria.

Cuestiones todas ellas que no están exentas de importancia, pero que no constituyen el centro de la reforma en lo que a potenciar la creación de empleo y la no destrucción del mismo se refiere.

Además de dichas medidas, se establece la creación de un Fondo de Capitalización para los trabajadores, a desarrollarse mediante un proyecto de Ley y que habrá de ser aprobado en el plazo de un año, para contingencias de despido, jubilación, movilidad geográfica o para formación. Se dice que no supondrá un incremento a las cotizaciones empresariales, pero en todo caso, habrá de estarse, primero, a que efectivamente se apruebe el referido proyecto de ley y segundo, al contenido que efectivamente tenga.

o servicio contra la voluntad de los trabajadores, trato injusto, no reconocimiento, salarios bajo, etcétera”.

Por todo ello, CCOO Canarias anima a todos los trabajadores, representantes de personal, delegados de prevención a apoyar la Huelga General prevista para el próximo día 29 de septiembre de 2010, aludiendo al lema ‘Así No’, y que acudan a los actos unitarios, manifestaciones y concentraciones para denunciar la reforma laboral y la reducción de la actividades preventivas que padecen los trabajadores en Canarias.

Aún no hay comentarios.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: